Buenos Aires, Argentina. – Una grave denuncia por torturas, abusos sexuales y tratos inhumanos ha sacudido al sistema penitenciario argentino. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó cargos formales ante la justicia contra las autoridades y agentes de la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena, tras registrarse una serie de vejaciones ocurridas el pasado 3 de junio contra cinco mujeres privadas de su libertad.
El relato de los hechos
Según el documento presentado por la organización humanitaria, la jornada de terror inició cuando la directora del penal, Daiana Balmaceda, junto con otros cinco agentes masculinos, retuvo a dos internas tras una supuesta riña. Los informes detallan actos de humillación extrema, obligando a las mujeres a "besar las botas" de la directora antes de ser sometidas a torturas físicas que incluyeron golpizas, el uso de gas pimienta a corta distancia y la práctica de "submarino húmedo".
El comunicado de la CPM describe un escenario de violencia desmedida que se extendió por horas. Como consecuencia del abuso sistemático, tres de las víctimas fueron trasladadas a otras unidades penitenciarias, bajo condiciones de despojo total de sus pertenencias, mientras que una de las internas que permaneció en el penal intentó quitarse la vida tras las agresiones.
Obstáculos judiciales y respuesta institucional
A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por la CPM, el caso enfrentó inicialmente un bloqueo judicial: un juzgado de La Plata rechazó la denuncia bajo el argumento de que era "prematura". Sin embargo, la persistencia de la organización permitió que el fiscal Álvaro Garganta aceptara finalmente la solicitud para iniciar la investigación formal.
Roberto Cipriano, secretario de la CPM, denunció la complicidad de las estructuras de poder en declaraciones al diario Página 12:
" "Estas atrocidades solo pueden entenderse desde la sistematicidad de prácticas institucionales que suelen ser naturalizadas y avaladas por un poder judicial que obstaculiza la intervención de los mecanismos de prevención de la tortura".
La investigación ahora se centra en determinar las responsabilidades penales de Balmaceda y el resto del cuerpo de seguridad involucrado en lo que, a decir de organismos de derechos humanos, representa una crisis profunda en el ejercicio de la autoridad dentro de los centros de detención.